La tarta pública crece poco a poco, aumentando en indirecto los pesos del Estado sobre las familias y las empresas. Cada porción del pastel, y su deuda más o menos sostenible, cada parte de ella debe mantener una justicia, una sanidad, una educación ... públicas y de calidad.
En concreto, la calidad de la universidad pública para los Rectores de la CRUE anda cerca del 1,5% del PIB español. Es el objetivo financiero que propone el informe del Consejo de Coordinación Universitaria (CCU) (pdf de 118 págs, noticia de Efe y Terra en Fírgoa).
Como pasa con otras instituciones en estos tiempos, la reforma financiera que se va a plantear a los gobiernos central y autonómicos se usa para definir la universidad posible. En concreto el punto 19 del informe financiero, después de otras teorizaciones y cualificaciones, dibuja la universidad que se quiere alcanzar con esos millones: el Consejo de Rectores desea unos egresados de primer nivel, una producción científica entre los 10 primeros países europeos, un número de patentes al nivel de los cuatro países más innovadores de Europa y una gestión de la cuarta parte del 2% de PIB destinado a i+D+I.
En los últimos años, se ha superado el ahorcamiento financiero en que se encontraban algunas unversidades periféricas, se garantiza su oferta al menos de una enseñanza reglada y se recortan diferencias con las universidades públicas (autonómicas) mejor financiadas. Como la política presupuestaria, es una moda de gobierno universitario, y no sólo en las universidades en que los rectores son economistas, conviene prestar alguna atención a este tipo de documentos porque además de contar lo que se va a recibir en los próximos años, también detallan cuáles pueden ser los programas de gastos preferidos y las expectativas de financiadores externos (empresas) y áreas de principal interés (tecnológicas) que permitan alcanzar los objetivos tendencia del párrafo anterior.
Coincido con García Landa en que este borrador merece algún diccionario o traductor de sus términos filosófico-contables tan vinculantes como: capital humano, c. tecnológico (pero no hay capital intelectual), demandas sociales, rendición de cuentas, controles y evaluaciones, formación rentable, prioridad tecnológica, gestión profesionalizada y cada vez más externalizada, reducción del peso de los académicos en el desempeño de cargos, refuerzo de órganos consultivos externos y consejos sociales internos, etc.
Da gusto que un borrador de rectores esté tan en sintonía con la reestrenada LOU y desde luego apunta maneras más claras que la Ley Organica. En unas semanitas, en cuanto cada universidad ajuste sus estatutos y reglamentos a la nueva ley estamos en condiciones de poner en marcha tan sugerentes directrices.
Lejos de ser un aburrido informe cuanitativista es un ejercicio hiperbólico y paisajístico.
Claro que los circumloquios exigen practicar la lectura entre líneas.
Y los grandes trazos de futuro y objetivos se pueden pasar a 3D y empezar a imaginar la re-urbanización de nuestros campus con los nuevos "modelos de referencia" docente y científica.
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